“Entendemos que la problemática relativa a las situaciones de peligro, lesiones y homicidios generados por conductores requiere dotar de herramientas a la Justicia, que le permitan adoptar medidas que eviten el riesgo de reiteración”, indicaron Antonio Bonfatti y Rubén Galassi, autores de la iniciativa.
La propuesta incorpora modificaciones en el artículo 208 Bis, y agrega como infracción dentro de los delitos contra las personas a la “participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de autoridad competente”. Esta se suma a las ya existentes como “conducción imprudente, negligente, inexperta o antirreglamentaria”.