La medida preventiva lleva la firma de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y fue solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello.
La causa, que también salpica a su esposa Florencia de Nardi, investiga una maniobra presuntamente fraudulenta que se habría realizado a través de una empresa montada en Miami que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers.
Por pedido de Arroyo Salgado, al embargo de 8 millones que alcanza a Macri se suma otro embargo por el mismo monto a su esposa.