Por lo tanto, careciendo de finalidad alguna, "no guarda razonabilidad la restricción que establece sobre un aspecto tan esencial de los derechos políticos, como es el ejercicio del control de legalidad del proceso electoral".
En la Cámara consideraron que el requisito del domicilio del fiscal no tiende a fortalecer en forma alguna la transparencia e integridad del proceso, y aclara que la solución que adopta, además de propender a una mayor fiscalización del proceso electoral, "pone en igualdad de condiciones a todas las agrupaciones políticas contendientes pues tendrán todas ellas la misma facultad de designar como fiscales a electores de cualquier distrito".
También recordaron que la función de un fiscal no se agotan en el control del acto electoral, sino que su actuación, proveyendo boletas de votación es un medio idóneo para "contrarrestar la debilidad que el actual sistema de boletas presenta”.