La acusación involucra al secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio, Raúl Alejandro Ramos, tras considerar que cajoneó expedientes y se negó a sancionar a Farmacity por violar regulaciones del sector.
Con la firma de su presidenta, María Isabel Reinoso, la confederación que reúne a las farmacias de todo el país requirió a la Justicia que investigue si Ramos protegió a Farmacity por iniciativa propia o contó con algún "cómplice primario o secundario o instigador" de los delitos de abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia recayó en manos del juez federal Sebastián Ramos, quien deberá enviarle la presentación a la fiscal Paloma Ochoa, para que evalúe si impulsa la investigación. Si así lo hace, pedirá las primeras medidas de prueba tendientes a verificar la supuesta protección, que para la COFA pudo darse por "presiones políticas, cohecho o cualquier otro acto irregular".
