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Actualmente, el Código Penal contempla penas para personas físicas, pero no para personas jurídicas; con lo cual una empresa involucrada en un hecho de corrupción puede seguir operando sin consecuencia alguna.
La decisión de avalar el proyecto aprobado por el Senado fue adoptada en una reunión de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, que se realizó ayer en la Cámara baja, y fue conducida por la radical Gabriela Burgos y el macrista Daniel Lipovetzky.
Burgos detalló los cambios incorporados por el Senado que "fueron sustanciales" con respecto al texto aprobado por Diputados, y dijo que si bien no compartía todos los criterios, "es importante que podamos sancionar este dictamen" para que la Argentina cuente con una ley para penalizar la corrupción empresaria.
En tanto, Lipovetzky destacó: "Es un avance muy importante poder contar con esta ley para completar lo que faltaba en materia de corrupción, que era la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Desde la oposición, el massista y cordobés demócristiano Juan Brugge señaló que acompañarán "con disidencias parciales" el texto votado en el Senado y cuestionó que "se haya eliminado la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, teniendo en cuenta la extensión que tiene en la Justicia el avance de estas causas".
Desde el kirchnnerismo, el diputado Rodolfo Tahilade dijo que "no iban a firmar el dictamen de mayoría" y que mañana, previo a la sesión, se reunirá el bloque para "definir la postura que se llevará al recinto de sesiones". En tanto, desde la izquierda, el salteño Pablo López y el bonaerense Juan Carlos Giordano adelantaron que presentarán dictamen de minoría rechazando esta iniciativa porque señalan que "salvarán a los empresarios corruptos".
