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El inciso o) del acuerdo implica "financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales.
Los programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral". No es la primera vez que el Gobierno nacional achaca con la necesidad de bajar el peso del empleo público.
La ley de Responsabilidad Fiscal, cuya aprobación en el Congreso también está incluida en el Consenso firmado ayer, sostiene que la planta de empleo público no podrá crecer a un ritmo mayor de crecimiento vegetativo de la población, y que las administraciones provinciales no podrán contratar nuevos empleados antes de un cambio de administración.
El Fondo Monetario Internacional, en su informe Monitor Fiscal de abril de este año, había marcado al empleo público nacional como un problema y había propuesto para eso una reducción gradual por medio del método conocido como atrición: "una reducción estructural del empleo público sería facilitado fortaleciendo la gestión de las nóminas (de empleados) para rastrear y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar trabajadores ‘fantasma’ e implementando un sistema basado en la atrición”.
