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Luego de haber sido detenida en enero de 2016, su defensa llevó su caso a la Comisión IDH, que después de analizar el caso y recibir las exposiciones de los abogados de Milagro Sala y también del Estado argentino, decidió concederle una medida cautelar (la primera otorgada en la historia del organismo), en la que recomendaba que la dirigente política no podía estar en prisión y que, de continuar detenida, debía establecerse prisión domiciliaria o algún mecanismo de seguimiento electrónico para evitar la fuga.
Hoy, esa Comisión IDH consideró que a pesar de las medidas cautelares y las advertencias realizadas al Estado argentino, las actuaciones de las autoridades judiciales de Jujuy "no se dirigen a cumplir" con las recomendaciones de ese organismo.
"La situación actual de Milagro Sala cumple con los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales", indicó la Comisión IDH en un comunicado.
