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Cambiemos tuvo el apoyo del massismo y del bloque Justicialista, entre otros. La iniciativa, que ya había sido aprobada por Diputados hace cuatro meses y que recibió cambios integrales en el Senado, se convirtió en ley casi sin debate por 144 votos a favor, seis en contra y 31 abstenciones, del PJ-FpV y del pampeano Gustavo Fernández Mendía, del bloque Justicialista.
La nueva ley establece la prescripción de las penas para delitos de corrupción empresaria, que quedó fijada en 6 años (borrando la imprescriptibilidad dispuesta inicialmente por los diputados); y además quedó abierta una puerta a que las personas jurídicas sean eximidas de las penas si cumplen ciertos requisitos.
Es el artículo 9 del texto, que exime de pena y de responsabilidad administrativa a la empresa que cumpla tres requisitos simultáneos: denuncia espontánea del delito como consecuencia de una investigación interna; adhesión a un programa de integridad cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de quienes delinquieron; y devolver el beneficio indebido obtenido.
