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La mala noticia de que el Estado había sido condenado a pagar esa suma millonaria al Grupo Marsans, última firma dueña de la firma y cuestionada por corrupción en España, había llegado desde Washington en julio de este año.
"El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones", sostuvo el fallo. La decisión cuestionó "medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones" y acusaba al gobierno de Cristina de Kirchner de "expropiar ilegalmente las inversiones" en cuestión.
