En su dictamen, el fiscal plantea sospechas que hubo pago de sobornos y también sobreprecios relacionados con la empresa IECSA, era propiedad de Calcaterra. Picardi pidó además el embargo de Jorge "Corcho" Rodríguez, Ricardo Jaime y José López por 4 millones de pesos.
A "Corcho" se lo acusa de funcionar como el nexo entre la empresa brasileña y los funcionarios argentinos vinculados a la obra pública. El expediente investiga una obra pública de 3.000 millones de dólares, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ya había allanado las oficinas de Odebrecht, Iecsa y Ghella, entre otras.
En un dictamen de junio, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública
