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El cambio en el esquema de impuestos impulsado por Casa Rosada es complicado, afecta muchas variables e impacta de manera notable en cada provincia. Por ejemplo, hay distritos que, además de las reformas impositivas, tienen aún por delante la transferencia de sus cajas de jubilación; un proceso que está en marcha desde hace más de un año y el Gobierno quiere verlo resuelto como parte del acuerdo. Las 13 provincias involucradas aseguran que la demora es responsabilidad de la Anses, que todavía no terminó el cálculo de cómo cubriría el déficit de cada caja.
El conflicto incluye a las provincias argentinas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otra situación que traba momentáneamente la firma del pacto fiscal es la eliminación gradual de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, uno de los ejes de la reforma oficial, se enfrenta a panoramas muy dispares: alícuotas varias según la provincia y niveles de déficit dispares, es decir, márgenes distintos para afrontar recortes en la recaudación de dos impuestos que representan más del 80 por ciento de los ingresos de las provincias.
