La iniciativa de Vallejos también propone castigar con una pena no menor a los 10 años de prisión no excarcelable la evasión offshore.
"Combatir la corrupción estructural, los nuevos tipos de criminalidad económica offshore, practicada a nivel global y facilitada por ingenierías financieras y guaridas fiscales de lavado internacional, no es una cuestión de derecho penal, es una prioridad del desarrollo económico y social de nuestras naciones", señaló la legisladora electa.
Por eso, la economista buscará "prohibir el ejercicio de la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado a todos aquellos que tengan dinero, bienes, inversiones o formen parte de sociedades que se encuentren en países considerados guaridas fiscales".
Otro de los aspectos esenciales de la propuesta legislativa puntualiza que "deberán estar prohibidas en el ámbito del Estado las operaciones y contrataciones con empresas cuyos domicilios se encuentren en países identificados como guaridas financieras de lavado internacional", consignó un comunicado.