Sukerman: "Las concesiones de espacios públicos deben ser aprobadas por el Concejo"


“Nuestro proyecto ya está en condiciones de ser tratado por la Comisión de Gobierno y esperamos que haya voluntad política para avanzar en la regulación, ”, expresó el concejal electo Roberto Sukerman sobre su iniciativa para que todas las concesiones municipales pasen por el Palacio Vasallo.

El abogado constitucionalista remarcó: "Hay que establecer normas claras y objetivas sobre concesión de los espacios públicos, su explotación y condiciones de la misma, de modo que no quede al arbitrio del concesionario o del funcionario público interviniente de turno".

"Nuestra intención es que las concesiones de espacios públicos deban ser aprobadas por el Concejo Municipal previo llamado a licitación así como los estudios de impacto ambiental. Esperamos que nuestra iniciativa prospere en la Comisión de Gobierno y así avanzar en un proyecto que ya lleva varios años".

En ese sentido afirmó: "Tal como lo remarcamos una y otra vez, es necesario contar con mecanismos claros y objetivos para la administración, mantenimiento, explotación y uso de espacios públicos. Hemos visto en reiteradas ocasiones que la Municipalidad hace un llamado a licitación, concesionando un espacio público, sin siquiera contar con el estudio de impacto ambiental y sin que el legislativo dé el visto bueno".

"Este proyecto no hace más que replicar lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto a la atribución que tiene el Concejo de autorizar los contratos sobre bienes e inmuebles públicos que realiza la intendencia y reivindica el ejercicio y facultades de contralor que tiene el Palacio Vasallo sobre actos del ejecutivo".

Asimismo, Sukerman indicó que "el espacio público es un derecho colectivo, cuya protección es una obligación del Estado, que debe velar por la protección de la integridad del mismo y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular".

"El trastorno de este espacio ocasionado por un particular o por la actuación de autoridades no competentes, puede llegar a vulnerar no solo derechos constitucionales individuales, aspiraciones colectivas de uso y aprovechamiento general, sino también la percepción de la comunidad respecto de las áreas a las que tiene acceso libre y a las que no lo tiene. Garantizar el cumplimiento de este derecho es una actividad pública que se traduce en bienestar, equidad y convivencia social".




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