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“Lo vengo planteando hace muchísimos meses, esta nueva fórmula de movilidad afecta el derecho constitucional de los que menos tienen. No sólo de los jubilados, sino también de los que perciben AUH y Asignaciones Familiares. 17 millones de personas estarán afectadas por este retraso del aumento que les corresponde y la consecuente pérdida del poder adquisitivo” sentenció Mirta Tundis, diputada nacional del Frente Renovador, ante el intento de Reforma Previsional. Y continuó: “Se van a utilizar índices trimestrales del año anterior.
Para pasarlo en limpio: en marzo, con la Ley vigente, se aplicaría un aumento en las jubilaciones de entre un 10% y un 12%. Con este cambio en la fórmula, se tomaría la inflación IPC Indec de julio-agosto-septiembre 2017. El aumento sería de un 5%. Y en junio, la inflación octubre-noviembre-diciembre más el 5% del crecimiento del PBI. Es la nada misma. Son 20 pesos siendo optimistas”.
La especialista en temas previsionales dijo que “esto necesita la aprobación de ambas Cámaras. Pero ya sabemos que este Gobierno suele hacer las cosas por decreto. De todas maneras, el decreto luego debe convalidarse. Y además, va a llegar a la Justicia algo así, por una cuestión lógica y concreta, es anticonstitucional.
Deberá definir la Corte que hará con los derechos constitucionales. Generaría miles y miles de juicios”. “Un jubilado que cobra 10 mil pesos, para poner un número redondo –aunque la mayoría cobra 7200 pesos-, con la movilidad vigente recibiría 1200 pesos de aumento. Aplicándose la que quiere aplicar el Gobierno, recibiría 520 pesos en marzo. Para los de la mínima, va a andar entre los 300 y 360 pesos. Es irrisorio”, insistió Tundis.
