Entre los acusados que serán sometidos a un proceso oral y público se encuentran los cuatro hijos de Báez --Martín Antonio, Leandro Antonio, Luciana Sabrina y Melina--; el financista Federico Elaskar, el valijero Leonardo Fariña, su abogado Jorge Checo y su contador Daniel Pérez Gadín. Casanello tomó esta medida tras evaluar el pedido formulado por el fiscal federal Guillermo Marijuán, el 24 de noviembre pasado.
El fiscal había solicitado en su resolución incluir a la ex presidenta Cristina Kirchner, pero el magistrado lo desestimó y no la incluyó. La ex presidenta hasta el momento no fue citada en este expediente. Esta semana, el juez ordenó medidas para investigarla. Ella, además, está ligada a la génesis de la maniobra investigada, según el juez.
De acuerdo con Casanello, los millones que lavó Báez tienen origen en la asignación delictiva de obra pública que investiga el juez Julián Ercolini, que procesó a la actual senadora, junto con Báez, acusada de asociación ilícita y fraude.
Casanello ya había hecho el intento de elevar el expediente a juicio oral, pero la Cámara Federal porteña se lo impidió al considerar que le faltaba una instancia determinante: la vinculación de la ruta del dinero K con la causa donde se investiga la defraudación al Estado a través de la obra pública.
La Sala II entendió que esos flujos millonarios de fondos que recibió Báez en contratos viales son el "delito precedente". Parte de ese dinero se volcó a la maniobra delictiva de blanqueo. Después de realizar una vez más las indagatorias, Casanello procesó por tercera vez al empresario K el 25 de agosto último con un embargo de 600 millones de dólares.