Imputan a Graciela Ocaña por defraudación al Estado


La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la diputada nacional electa de Cambiemos, Graciela Ocaña, por presunta defraudación al Estado nacional debido al cobro de vacaciones no gozadas tras alejarse del Pami en 2007. El juez Sebastián Ramos deberá investigar si la ex directora ejecutiva del Pami perjudicó a las arcas del Estado Nacional.

Ocaña habría cobrado una liquidación de más de 50 mil pesos, en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la ley de Contrato de Trabajo no lo permitía. La denuncia fue presentada por la propia fiscal Ochoa al extraer parte del testimonio de otro ex titular del Pami, Luciano Di Cesare.

El titular del organismo fue procesado por el mismo delito, pero por una suma superior al millón de pesos. Durante su declaración indagatoria, Di Cesare había argumentado que todo -en relación a la liquidación de sus vacaciones no gozadas- se hizo según "usos y costumbres" del Pami, y citó al caso de Ocaña.

"Resulta objeto de investigación el presunto cobro fraudulento de 51.381 pesos en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional", sostuvo Ochoa en el requerimiento de instrucción. La fiscal es la misma que intervino como representante del Ministerio Público en la causa en la que fue procesado Di Cesare por defraudación a las arcas públicas.

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