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Entre estas últimas se encuentran las relacionadas con la construcción de escuelas en Ricardone, en el departamento San Lorenzo; y en Ramallo y Cayastacito, en el departamento San Justo. En estos casos se tuvo en cuenta que el ministerio de Educación hizo evaluación propia y no se justificaba su construcción por las matrículas.
Las otras leyes vetadas fueron las de código de faltas de tránsito, los cambios en el Ruaga y la declaración de emergencia hídrica. Lo que se destacó también es que no se vetó la ley que modifica el proceso para destituir a fiscales y defensores que habían reclamado la marcha atrás con esa norma.
