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La decisión, contenida en el decreto 1095/2017, constituye un nuevo intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta. Es un viejo anhelo de Cambiemos.
El eje del avance es declarar al transporte servicio esencial y de esta manera limitar su potencialidad para garantizar una medida de fuerza, obligándolo a prestar servicios mínimos.
Todo esto pese a que la OIT establece que esas actividades del transporte no son consideradas como servicios esenciales. Desde el Ministerio de Trabajo señalaron a El Cronista que es un “cambio normativo”, pero reconocieron que “se trabajó con Modernización” sobre cuál es un servicio esencial.
