“Con este mega-decreto en pleno verano, el oficialismo pretendió encontrar a los argentinos desprevenidos. Si no se analizan con seriedad estos cambios, pueden generar resultados muy nocivos para el país”, advirtió el bloque.
“Los artículos 153 y 154 resultan claramente inconstitucionales; no se acredita ninguna urgencia ni circunstancia excepcional que amerite no cumplir con el trámite parlamentario de la sanción de la norma”, afirmaron.
“Estas modificaciones no conducen a un Estado menos burocrático sino que intentan alterar estructuras legales de transparencia y responsabilidad estatal que son elementales”. En este sentido, explicaron que, “por medio del artículo 153, el Decreto 27/18 excluye al FGS del régimen de contratos del Estado, lo que significa que el dinero que se utilice del Fondo ya no tendrá que cumplir con los principios generales de todas las contrataciones públicas".
"A través del artículo 154, que autoriza a Anses a constituir y/o estructurar fideicomisos, habrá controles muchos más laxos”, explicaron.
