De este modo, la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, que había sido renovada sistemáticamente por el kirchnerismo, queda atrás junto a una serie de facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo como, por ejemplo, establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras.
También permitía pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica.