"Es lamentable este guiño a los bancos y las financieras, porque además se da en un contexto donde los salarios van perdiendo poder adquisitivo, y muchos trabajadores caen en la necesidad de endeudarse mediante préstamos cuya garantía es un pagaré, fácilmente ejecutable, y con intereses muchas veces usurarios. Ya ocurrió en los años 90, y muchos trabajadores terminaron ejecutados y embargados", expresa.
Para el Gobierno, en cambio, la norma amplía la capacidad crediticia y reduce el costo financiero de los trabajadores y jubilados porque los acreedores tienen mayor garantía y cuantía de cobro de la deuda contraída.
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