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Esta maniobra, de por sí perjudicial, le permitirá además al directorio del Correo pagar solo el 50 por ciento del monto de indemnizaciones que corresponden por ley.
En agosto del año pasado los gremios habían anticipado que el gobierno planeaba llevar adelante lo que definieron como un “plan de desguace” en el Correo que ahora comienza a concretarse y que se suma a los miles de despidos que se están produciendo en diferentes áreas del Estado nacional.
El procedimiento preventivo de crisis es un mecanismo legal que le permitirá al Correo, una sociedad anónima donde el único accionista es el Estado, modificar las condiciones laborales de sus empleados, cerrar áreas, no cumplir con lo pautado en las negociaciones paritarias e inclusive despedir a trabajadores.
En los argumentos presentados ante el ministro Jorge Triaca el directorio aseguró que la histórica empresa sufre un déficit superior a los dos mil millones de pesos y que las pérdidas continuarán incrementándose.
En ese sentido el Correo, que hoy conduce Luis Freixa Pinto, planteó además de no abonar las licencias gremiales, suspender el aporte solidario a los sindicatos y, sobre todo, no pagar la última cuota de cinco por ciento de la paritaria 2017 que debe efectivizarse con el sueldo de enero.
Esto es lo que llevó a los titulares de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (Aatrac), Juan Palacios; Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Alberto Cejas; la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop), Ricardo Ferraro, y Horacio Zungri de la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (Fejeproc) a reunirse para evaluar el peligroso escenario que se avecina y los pasos a seguir.
Para los sindicalistas la actual coyuntura los retrotrae a los años de la privatización del Correo. En 1997, el servicio postal cayó en manos del Grupo Socma, justamente propiedad de la familia Macri. En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindir la concesión porque los Macri no sólo no habían cumplido con el pago del canon sino que además habían contabilizado como “inversión” la indemnización que pagaron a miles de trabajadores despedidos.
