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Ante este escenario, los diputados Graciela Camaño, José Ignacio de Mendiguren, Alejandro Grandinetti, Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Marco Lavagna y Carla Pitiot, se acercaron al Palacio de Justicia con el objetivo de denunciar la inconstitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia N°27/18 firmado por el Presidente Mauricio Macri el 10 de enero y publicado en el Boletín Oficial un día después.
La legisladora Camaño sostuvo: “Estoy haciendo lo mismo que en enero 2010, cuando el kirchnerismo, con la excusa del bicentenario, pretendió modificar la ley del Banco Central por DNU. Y realmente lamento que hombres y mujeres, que hoy son del oficialismo y buscan la República cuestionando estos instrumentos del kirchnerismo, hoy no nos estén acompañando. Nosotros tenemos coherencia”.
En relación al DNU, precisó: “Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia. Esto tranquilamente se puede tratar por las vías de la ley, que es la discusión parlamentaria, que es la más rica. El Congreso funciona, se puede debatir y ganar o perder una discusión, pero de golpe nos encontramos con una ley que modifica leyes, deroga otras, elimina normas. Una preocupación grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no solo sobre pedidos de créditos, sino sobre boletas de servicio”.
En esa línea, aseguró: “Hoy vinimos a cuestionar el DNU. El Ejecutivo tiene que aprende a gobernar en democracia, no vamos a permitir que gobiernen por decreto. En enero 2010 junto con Pinedo, Bullrich y Carrió, reclamábamos esto mismo. El Poder Ejecutivo está especulando al máximo con el DNU. En su propia redacción establece que al momento de la publicación entra en vigencia, que sería el 11 de enero. Ya se están instrumentando acciones con un decreto que es ilegal”.
