Dentro de este plan, unas de las posibilidades es que el Estado se haga cargo de los primero siete meses y el 70 por ciento del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o integrar dentro de los retiros voluntarios.
La financiación del mismo sería a través del Tesoro Nacional o con fondos del Fondo Fiduciarios de Desarrollo Provincial. Dentro del "consenso fiscal" entre los gobernadores (el único que no firmó fue San Luis) y el Gobierno nacional se estipula que el Estado nacional deberá "financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales".
"Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral", precisó el documento.