El Gobierno prepara una Ley de Ética Pública


La oficina anticorrupción que comanda Laura Alonso prepara un proyecto que introduce modificaciones a la ley para aplicar un mayor control sobre el patrimonio de los funcionarios para evitar conflictos de intereses. De esta forma ni Aranguren ni Etchevehere podrían haber asumido, aconsejan armar un fideicomiso ciego como "hizo Macri" y limita la designación de familiares en el Estado solo al funcionario pero no a otras áreas del Gobierno.

Laura Alonso está trabajando mediante la Oficina Anticorrupción para presentar un proyecto que introduce modificaciones en la ley de ética pública para regular con mayor firmeza a los funcionarios en el marco de la lucha que el Gobierno mantiene "contra la corrupción". "Es un proyecto basado en la experiencia, para prever situaciones que hoy no están claras.

La persona que entre en el Estado deberá asumir costos personales", señaló la titular de la OA, Laura Alonso al diario La Nación sobre un proyecto que llega bastante tarde teniendo en cuenta los conflictos de interés que se han dado al interior del Gobierno. En cuanto a las declaraciones juradas el principal cambio es que deberán ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad.

Además deben detallar actividades laborales anteriores y sus vínculos con asociaciones o fundaciones. Por otro lado también deberán presentar declaración quienes administren obras sociales para avanzar sobre el gremialismo con un gesto claro a un reclamo exigido por Elisa Carrió.

El capítulo referido a los "conflictos de interés" señala que está prohibido "realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones", "proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia" e "intervenir en gestiones judiciales contra el Estado".

Lo más importante es que aclara que tanto el Presidente como los ministros deberán desprenderse de las acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área "o cuya cotización pudiera verse influenciada". De esta forma Juan José Aranguren no podría haber asumido como ministro de Energía y Minería sin desprenderse de sus acciones en Shell.

La propuesta de la OA es clara: o se venden las acciones o se constituye un fideicomiso ciego como hizo Mauricio Macri con la parte de su patrimonio que consideraba le podía llegar a traer cierta incompatibilidad en su rol de máxima autoridad.

En la misma línea agrega que los funcionarios de jerarquía tienen prohibido ser socios de instituciones que representen intereses sectoriales "cuyo objeto resulte concurrente con su función".

Así tampoco podría haber asumido Luis Miguel Etchevehere como ministro de Agroindustria. Sobre la designación de familiares en el Estado aclara que "el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo" pero deja un enorme vacío para las designaciones familiares en otras áreas tal como es el caso de la hermana del ministro Jorge Triaca en el Banco Nación.

Por último se baraja la posibilidad de que el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción dure cinco años, que la designación sea del Presidente con acuerdo de una audiencia pública y que además tenga la chance de ser reelecto.



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