El expediente judicial contra Moyano se abrió debido a una denuncia vinculada a la adquisición irregular de dos viviendas en la exclusiva zona de Parque Leloir, que se habría hecho a través de empresas pertenecientes al presidente de Independiente.
Barral busca determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros mediante esas empresas. Las compañías en cuestión están a nombre de los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valeria Salerno, y tienen como principales clientes tanto al Sindicato de Camioneros como a entidades afines, tales como la obra social del gremio.