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La medida se da en momentos de relaciones complicadas con los gremios, en medio del avance de las causas por corrupción en las asociaciones y de las varias detenciones de dirigentes como -por ejemplo- Marcelo Balcedo (SOEME), Juan Pablo "Pata" Medina (UOCRA), Omar "Caballo" Suárez (SOMU), además de las investigaciones a Víctor Santa María (SUTERH) y Hugo Moyano (Camioneros).
El subsidio dispone la transferencia automática de fondos a las obras sociales, originados a partir del 5% de la recaudación de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, y que actualmente son unos $ 950 millones. Los millonarios fondos se asignan de acuerdo al tamaño e importancia del sindicato.
El 20% se fracciona en partes iguales a las obras sociales con más de 5.000 afiliados, mientras que el 80% restante se distribuye proporcionalmente por el número de afiliados. De este modo, las obras sociales con una cantidad menor a ese número de afiliados recibe una compensación, al igual que las más chicas.
El objetivo del Gobierno Nacional es fusionar las obras sociales de los gremios menos poderosos o que compartan recursos. Por otro lado, los fondos que les quitarán serán destinados a la ampliación de la cobertura de jubilados y monotributistas.
