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El mismo indaga acerca de las irregularidades que se producen en estos lugares vinculados a la Subsecretaría de Niñez de la provincia. Durante los años 2016 y 2017, las diputadas Simoncini y Chialvo solicitaron informes sobre los problemas del área de infancia, requiriendo datos estadísticos sobre mortalidad infantil y coeficiente de Gini en la provincia, por distrito; recursos económicos, logísticos y humanos, técnicos, profesionales y no profesionales destinados al abordaje de los mismos.
La legisladora recordó que esos pedidos fueron motivados por la huida de niños institucionalizados que vivían en la Casa Cuna de la ciudad capital y sobre los casos de desnutrición en Reconquista.
El último hecho fue el suicidio de un adolescente que sufrió bullying en el establecimiento educativo al cual concurría en la ciudad de Santa Fe. Ninguno de estos pedidos recibió respuesta del Ejecutivo.
“La vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, las situaciones de maltrato, abandono, marginalidad, abuso y violencia suceden a diario y demandan de la comunidad la sensibilidad, el alerta y el coraje para denunciarlas.
Pero además exigen del Estado provincial todos los dispositivos y recursos para proteger a las víctimas de forma inmediata y adecuada con presencia en todo el territorio de la provincia”, fundamentó Simoncini en ese sentido.
La diputada sostuvo, además, que en dos oportunidades se requirió la “urgente convocatoria” del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia -organismo previsto por la Ley 12.967- que duerme hace un año y medio el sueño de los justos en la comisión de asuntos constitucionales.
“Tenemos la obligación de conocer y estar informados sobre las políticas que la Subsecretaria de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia implementa y lleva adelante con el fin de salvaguardar y promocionar los derechos de los menores”, afirmó la dirigente justicialista en aquella oportunidad.
Además de los pedidos de informe, la diputada, acompañada por su bloque, impulsó la creación de una red provincial de residencias públicas para institucionalizar los espacios que garanticen alojar física, psíquica y afectivamente a niñas, niños y adolescentes en riesgo social hasta su reinserción en el medio familiar.
El proyecto aún no fue tratado por la Cámara baja. “Los dispositivos exigidos por la ley vigente son hoy insuficientes, inexistentes o inadecuados en la provincia, por lo que resulta imperativo institucionalizar los espacios que garanticen alojar física, psíquica y afectivamente a niñas, niños y adolescentes hasta su reinserción al mundo infantil o juvenil en el seno de una familia”, señaló al respecto la legisladora.
“Hemos hecho pedidos de informes que fueron aprobados y nunca nos respondieron, y hemos presentado proyectos de ley que nunca salieron de las comisiones. Nosotros ya hemos planteado estas cuestiones y la Cámara ni siquiera las ha tratado. Es fácil decir una vez por año que en el tema Niñez hay muchas irregularidades, y que después quede todo en el olvido”, se expresó la ex ministra de Salud
