 |
Concejales de la oposición querían que el expediente fuera sólo a Gobierno, ya que consideraban que ni Planeamiento, ni Presupuesto estaban involucrados directamente en tema, dado que no hay erogación municipal alguna, ni se deciden allí cuestiones urbanísticas.
Por lo tanto, no teniendo el Concejo injerencia directa, por tratarse de un conflicto entre privados, la empresa involucrada y a un grupo de adherentes, que buscan acceder a una vivienda, el legislativo local sólo sirve como mediador en busca de una resolución positiva y sólo tiene que habilitar una mesa de diálogo y debate.
Quienes están pagando un plan, destinan una porción importante de sus ingresos al pago de su futura vivienda, y lo hacen en la medida de sus posibilidades. El costo de la construcción aumentó exponencialmente durante 2017, por encima de la inflación, y además la suba del dólar en los últimos meses elevaron el costo de la cuota a valores que escapan a las posibilidades económicas de los adherentes, de allí el conflicto.
El socialismo y el PRO, reeditando la alianza de antaño, bloquearon la posibilidad que solamente el debate sobre la realización de la Audiencia Pública sea en Gobierno y el expediente se tratará por tres comisiones antes de llegar el recinto y ser aprobado. El expediente fue presentado por la Oficina Municipal del Consumidor, que pertenece el Concejo Municipal, cuya titular, Julia Bonifacio, es la impulsora de la iniciativa.
