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La documentación requerida incluye expedientes administrativos, el dictamen de la Fiscalía de Estado, los informes técnicos elaborados por estudios privados y todo otro documento obrante en el expediente en cuestión sobre la rescisión que sirvió de base a la emisión del decreto que ratificó la extinción del contrato con la empresa Autopista Rosario-Santa Fe Sociedad Anónima. En 2016, también mediante decreto, el gobierno había intentado rescindir el contrato por mutuo acuerdo con la firma. “Nosotros hemos seguido de cerca este tema”, recordó Simoncini.
“Y alertamos permanentemente de los incumplimientos del contrato por parte del consorcio de empresas que perjudicaba la provincia en 1.500 millones de pesos”, amplió la legisladora. La cifra, explicó, surge “en función de los informes que dieron la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, que no fueron tenidos en cuenta por el Ejecutivo”.
Las dudas sobre la decisión del gobernador derivaron una advertencia de Fiscalía de Estado, en abril de 2017, sobre la falta de precisiones en las actuaciones para asegurar que la empresa quedaba exenta de responsabilidades, remontaron los diputados opositores. “Fue allí cuando se dictó el decreto 1.017 y se encomendó al Ministerio de Infraestructura y Transporte a revisar todo el proceso en un lapso de 180 días”, remarcaron.
