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Luego de dos polémicos años de gestión macrista, con puntos oscuros en materia de -justamente- "conflictos de intereses", nepotismo y declaraciones juradas, se buscará aplicar este cambio.
El nepotismo resaltó con el caso de la empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca y en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 sobre "Desburocratización y Simplificación" del Estado emitido en enero pasado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Según el organismo dirigido por Laura Alonso, se buscaría prohibir la designación o promoción de "parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o segundo de afinidad, para que presten servicios en la jurisdicción donde el funcionario cumple funciones". Para casos de corrupción, aggiornados con la terminología semántica de "conflicto de intereses", se establecerían estándares más estrictos y obligaciones adicionales a mayor jerarquía.
El presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios con categoría equivalente, deberían desprenderse de sus acciones o "cualquier otro título valor emitido por sociedades anónimas abiertas" o bien "constituir un fideicomiso ciego", en el cual los beneficiarios no tienen conocimiento de las inversiones ni derecho a intervenir en su manejo.
