Así lo resolvió el fiscal federal Eduardo Taiano, en base a una presentación de los legisladores Rodolfo Tailhade y Martín Doñate. Ahora deberá resolver el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Los denunciantes “habían señalado que en el marco de los negocios vinculados con la instalación de parques eólicos en el país, funcionarios del gobierno habrían beneficiado de manera ilegal y por sumas millonarias, a distintas empresas vinculadas con el grupo económico de la familia del presidente Macri".
Y agregó que, para los denunciantes, “los funcionarios del gobierno pudieron haber aprobado la venta de las licitaciones ganadas por parte de Isolux a empresas del Grupo Macri y luego su reventa a terceros, a la par que siguieron otorgando licitaciones a la firma española”.
La maniobra habría favorecido a las empresas de la familia presidencial, según la acusación, por un monto superior a los 40 millones de dólares. Si el juez lo aprueba, la investigación podrá avanzar.
