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La insólita iniciativa busca que se incorpore un nuevo artículo al Capítulo IV del Código Penal sobre “Estafas y otras Defraudaciones” que, además de los años de cárcel, establezca la “inhabilitación por doble tiempo para ocupar cargos públicos” y multas que van desde los 250 mil pesos a un millón de pesos, “a todo funcionario público que incumpliere en su gestión, las promesas realizadas en campaña electoral a la población”.
En los fundamentos de su proyecto, Ramón sostuvo que las promesas electorales “de alguna forma configuran una especie de relación precontractual con la población, que los vota fundamentalmente, en base a lo que prometen o proponen en sus campañas, por medio de spots publicitarios; entrevistas televisivas, radiales o gráficas; discursos públicos; redes sociales, entre otros canales de comunicación”.
“Teniendo en cuenta que quien ejerce la función pública debe ser antes que nada servidor público, no solo deben rendir cuenta de sus actos, sino también llevar a la práctica, lo que se predica con las palabras frente a la ciudadanía”, argumentó el legislador mendocino.
Por eso, consideró que quien incurre en esta conducta comete “un claro abuso de confianza sobre la población”. Para el diputado, la política “debe volver a recuperar el valor de la palabra, la ética, la moral y sobre todo las convicciones”, y hay que “cubrir un vacío legal específico sobre un fenómeno bastante repetitivo en nuestro país, por parte de la dirigencia política”.
