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Convocó “a todas las organizaciones de derechos humanos y a las entidades que agrupan a jueces, funcionarios del ministerio público, abogados y profesores de derecho” a brindarle su respaldo.
La AAJ reivindicó en un comunicado el hecho de que “la independencia e imparcialidad de los jueces y las juezas no implica que carezcan de opinión política”.
Advirtió que “una condición esencial” para acceder a la magistratura “es el conocimiento público de su posición política, concordante con los principios fundamentales de los tratados internacionales de derechos humanos”.
Zaffaroni fue cuestionado luego de expresar respecto del gobierno macrista: “Yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así harían menos daño". Desde ese momento, funcionarios y dirigentes oficialistas atacaron al magistrado y comenzaron a reclamar que sea removido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
