El defensor fundó su solicitud en el hecho de que la arteria, de “una importancia insoslayable para la conexión vial no sólo entre las ciudades que se encuentran en ambas cabeceras, sino también por su valor geoestratégico como conexión del Corredor Bioceánico en Sudamérica”, se ha convertido “en una de las más peligrosas del país con innumerables siniestros viales y víctimas fatales”.
La Defensoría del Pueblo destacó que la ruta, de 60 kilómetros, sólo cuenta con doble traza en el puente sobre el brazo principal del Río Paraná, mientras que los 47 kilómetros restantes corresponden a una carretera de un solo carril por sentido construida sobre terraplenes, existiendo además en ese tramo 12 puentes.
La institución realizó un relevamiento, que puso a disposición de las autoridades competentes, que señala que “en gran parte de la traza no existen banquinas, que son obras indispensables para mejorar las condiciones de seguridad vial”.