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La amenaza se registró en varios puntos de la ciudad, sobre todo en los principales accesos y en zonas de mucho tránsito, por lo que se habría requerido de cierta logística para llevarla adelante.
Los panfletos no estaban firmados y ningún movimiento político ni social levantó el guante de haber sido el responsable de la colocación de los afiches, que configura un delito a raíz de la carga violenta que contenía hacia un funcionario público.
