Según el Ente Nacional de Comunicaciones, si en 2012 se enviaron 682,7 millones de facturas, en 2016 eso bajó a 519,8 millones: 1 de cada 4 sobres ya no se envía. Y en los primeros 9 meses de 2017 -el dato más reciente- hubo otra caída del 4%.
Esta transición se producía, al menos supuestamente, de forma voluntaria. Las empresas se lanzaron a ofrecer el envío digital y muchos usuarios lo aceptaron, por considerar el soporte electrónico como más rápido, práctico y confidencial, además de ecológico.
De otro modo habría sido ilícito cualquier cambio, porque el artículo 4 de la ley 24.240, tras una reforma introducida en 2016, establecía que las empresas debían dar la información en "en soporte físico".
Y que la carta sólo podía suplantarse "si el consumidor o usuario optase de forma expresa" por usar otro medio. Ese fue el principio que el Gobierno este año invirtió, como parte del controvertido "megadecreto" 27/2018.
Según esa norma, ahora los datos podrán enviarse "en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico". "En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico", ordena.