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Es que la norma de fines de 2017 elevaba el gravamen de 8 a 14% (ya en la ley las empresas habían logrado bajarlo desde el 17% original). Ahora, sólo subirá dos puntos.
El Poder Ejecutivo tiene potestad para, con un decreto simple, modificar (siempre a la baja) los impuestos, por un año. Eso es lo que sucede con el champán que, todos los años, consigue un decreto para que le suspendan los impuestos internos que, en realidad, son del 12%.
Lo hacen a cambio de inversiones y esa justamente sería la justificación que encontraría esta vez la administración de Mauricio Macri para concederle a la industria cervecera su pedido. Se espera que, a cambio de la rebaja del impuesto, las fabricantes anuncien desembolsos para mejorar sus plantas. La industria vitivinícola no ve con buenos ojos este cambio y está preparada para dar batalla.
Ayer, en Mendoza, representantes de las bodegas se reunieron con Francisco Cabrera, ministro de Producción, para plantearle que no beneficie al sector cervecero.
Los productores de vino, que no pagan impuesto interno, creen que la rebaja para las cervezas generaría una fuga de consumidores de una bebida a la otra. En tanto, los fabricantes de bebidas espirituosas también negocian una reducción del impuesto interno, que pasó de 20 a 26% desde el 1º de marzo.
