Determinan si el Grupo Macri podrá recurrir a la Corte para frenar investigación sobre Correo Argentino


La Cámara Comercial debe decidir, en los próximos días, si habilita a los apoderados de la familia Macri a recurrir ante la Corte Suprema y solicitar al tribunal que frene la investigación. La causa investiga un presunto vaciamiento del Correo Argentino, a cargo de la fiscal general Gabriela Boquin.

En el fuero penal se había dado a conocer la noticia de que la fiscal había sido desplazado. María Díaz Cordero y Matilde Ballerini, camaristas, serán quienes decidan el pedido de llegar a la Corte para parar la investigación. Hace unos días se anunció que el fiscal de la parte penal en el caso del Correo, había sido desplazado.

Juan Pedro Zoni ocupaba el cargo hace tres años y había pedido nuevas medidas de prueba y tenía a su cargo otras causas sensibles para el Gobierno. Zoni se encontraba analizando los libros contables de Socma y Sideco Americana para determinar si las empresas desviaron fondos de Correo a otras compañías del holding en pleno concurso de acreedores.

A partir del 16 de abril deberá dejar la fiscalía aunque Zoni analiza la posibilidad de impugnar la medida. Por su parte la fiscal Boquin solicitó a la Cámara Comercial que no habilite abrir una pelea en la Corte Suprema.

Mientras que Correo sostiene que “la fiscal de Cámara no es parte de este proceso, por lo que no tiene derecho a ofrecer prueba ni a solicitar informes” y que “ha confundido su funcionalidad con la de los fiscales penales”.

Frente a esto, la fiscal contestó y sostuvo que la Ley del Ministerio Público prevé que los fiscales “no penales” pueden “producir, ofrecer y solicitar la incorporación de prueba, peticionar el dictado de medidas cautelares”, entre otras funciones, “en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

La ley también habilita a los “fiscales no penales” a “realizar investigaciones en los casos en los que intervengan a fin de esclarecer si hay afectaciones a la legalidad”. Además también le explicó a los abogados de Correo que “un proceso de concurso preventivo no debería durar más de dos años y este lleva casi 17 años” debido a “dilaciones concedidas” por el juez anterior del caso.

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