Además, le manifestó al ministro de Energía de la Nación su preocupación por el alto costo de la energía mayorista, y le solicitó que las subas en el costo de la energía mayorista no superen el porcentaje de paritarias. Lamberto le reclamó a la EPE que implemente una serie de medidas “que permitan garantizar la asequibilidad de tan importante servicio público” para las pymes provinciales y los ciudadanos en general.
En notas enviadas al presidente del Directorio de la EPE, Raúl Stival, y a la secretaria de Energía provincial, Verónica Gesse, el defensor del Pueblo consideró que “deviene impostergable la implementación” de estas acciones y retiró la necesidad de poner en práctica “una tarifa social para las pequeñas y medianas empresas, comercios e industrias a raíz de la importancia de estos actores en nuestra economía siendo que muchas veces las tarifas de los servicios públicos conspiran contra su desarrollo y sustentabilidad”.
Además le reiteró el pedido a la EPE y a la Secretaría de Estado para “prohibir el corte de suministro eléctrico para aquellas personas que se vean imposibilitadas de afrontar el pago de sus facturas y expresen voluntad de hacerlo”. Asimismo, insistió con que se disponga en “las facturas de la distribuidora el detalle el monto correspondiente a la energía mayorista tal como se efectúa para el caso de los impuestos, entendiéndose que de ese modo se daría cumplimiento del derecho constitucional del usuario a recibir información adecuada”.
El funcionario también solicitó “incrementar las bandas de consumo en el cuadro tarifario de la EPE, de modo que en los meses de mayor consumo las tarifas no se determinen según el mayor valor del kilovatio”. Puntualmente, en este caso se requirió que la primera banda incluya hasta un consumo no menor a 450 kilovatios por hora mensuales.