 |
Asimismo, en el cónclave, se puntualizó que el nuevo proyecto encomienda al Ejecutivo que eleve una propuesta al Concejo, adaptando los indicadores urbanísticos de la zona, a los fines de garantizar el desarrollo urbanístico sostenible en el barrio que nos ocupa.
Conceptos de Toniolli
El presidente del bloque Partido Justicialista, Eduardo Toniolli, refirió: “Hoy pedimos que se cumpla la normativa vigente y se lleve adelante un análisis quinquenal, en función de algunas obras realizadas, las que han impactado en la cuenca del Ludueña, el que hasta hoy no se ha hecho”.
“Queremos saber si efectivamente se redujo la mancha de inundabilidad y, en función de ello, pedimos que se tomen determinaciones para precisar hasta donde llega la mancha hoy”, subrayó Toniolli, quien de inmediato recordó que con las autorizaciones para el barrio Palos Verdes, se habilitaron, sin análisis de impacto previos, obras en una cuenca, con lo que se autorizó consecuentemente, la construcción de trabajos en zonas inundables”.
“Estamos pidiendo que se haga justicia con Empalme Graneros, que quiere seguir creciendo”, concluyó Toniolli.
Palabras de Gigliani
“La normativa urbanística que se aprobó en la ciudad y la que nos interesa en esta oportunidad, quedó como un área de reserva con amplias restricciones para construir. Venimos planteando al Ejecutivo que nos informes detalladamente sobre normativas específicas que se generan a pedido de desarrolladores inmobiliarios y es por eso que acompañamos este pedido”, señaló la titular del bloque Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani.
La edila avanzó en la cuestión indicando: “Estos vecinos fueron afectados reiteradamente e históricamente por inundaciones debido a la inacción estatal y el Ejecutivo ya debería tener preparado, tras la construcción del aliviador 3, un plan de detalle para enviar al Concejo a los fines de establecer normas urbanísticas que permitan construir a partir de una mayor impermeabilización del suelo”.
Apreciaciones de un ex legislador
El ex concejal Osvaldo Ortolani, actuando como referente de los vecinos indicó que “hay una ordenanza oportunamente realizada de manera atinada, pero que, con el correr de los años, se convirtió en un desatino. Hoy por hoy, desalienta el crecimiento demográfico del barrio. Esto es –irónicamente dicho-, que nadie en Empalme Graneros puede construir ni un gallinero en el fondo de su casa. Cuando un vecino pretende instalar un almacén en el garaje desocupado de su casa, le dicen que construya arriba de un metro sesenta”.
“Sabemos que faltan obras en el barrio que terminen definitivamente con las inundaciones, pero la ordenanza está hecha con una proyección de posibilidades de una recurrencia de lluvias para 500 años. Si hacemos hoy una proyección de tal recurrencia para Rosario, debemos decir con ironía que hasta el Monumento Nacional a la Bandera termina bajo el agua. ¿Vamos a desalentar a un barrio que tiene 140 años de vida?, remarcó el ex edil .
“Lo que desalentamos es el negocio leonino de desarrolladores que lotean lagunas. Ya se lotearon 3.500 hectáreas tras terminarse el aliviador 2 y 3. Tras de nosotros están los promotores del negocio inmobiliario y el único sector a desalentar es el nuestro. Es una hipocresía. Empalme quiere construir una vida para sus hijos y este estado municipal, en una actitud burocrática y miedosa ante la duda nos borra del mapa. Sólo resta que sea declarado Empalme Graneros zona desértica” indicó Ortolani.
El ex concejal criticó la burocracia que impide al no definir situaciones y genera que los expedientes deambulen por dependencias varias, a pesar, como en este caso, que las víctimas ya sufrieron 17 inundaciones en el tiempo y “los pobres morochos” soportamos distintas peleas de funcionarios, mientras los desarrolladores hacían negocios gigantes.
Ortolani no dejó de indicar que “el 73% de los habitantes del barrio no cuenta con planos y exigimos que la ordenanza sea derogada lo más rápidamente posible, a la vez que pidió que se concreten pedidos de créditos internacionales para evitar inundaciones”. Vecinos, en la reunión dejaron saber a los ediles que “hay efectos no deseados al momento de pretender regularizar planos, ya que nos aplican multas muy fuertes”.
Agregaron que “los valores de las viviendas disminuyeron en sus dos terceras partes en lo que concierne a su valor real”. “Esta situación es discriminatoria, ya que no nos dejan ni soñar el futuro del barrio que habitamos”, concluyó un vecino.
