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“Desconoce el modo de desempeño, equipara su labor a un comercio donde se expenden productos de consumo masivo, desconoce la heterogeneidad de condiciones y perfil de pacientes con los cuales los profesionales de la salud desarrollan su labor”, señala un comunicado interno enviado a los profesionales.
Además, advierten que la medida también acarrea un perjuicio económico. “Representa un encarecimiento de los costos del trabajo tener que adquirir la tecnología necesaria, además del descuento que se hace sobre el monto que se factura, que o se deriva al usuario o lo tiene que soportar el profesional, no beneficia a ninguno de los dos”, sostuvo la presidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario, Nilde Cambiaso.
“Un gran número de nuestros matriculados opera con obras sociales como principal agente de financiamiento, motivo por el cual esta medida redunda fundamentalmente en un costo laboral adicional, cuya principal consecuencia consiste en un encarecimiento de los requisitos necesarios para el correcto ejercicio profesional, sin redundar en beneficios que ameriten su incorporación compulsiva como instrumento de pago”, completa el concepto el comunicado.
Los psicólogos ya trabajan en una movida nacional para frenar la resolución de la Afip. Desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), trabajan en un pronunciamiento conjunto de todos los colegios de psicólogos del país “para que el reclamo colectivo adquiera fuerza y alcance nacional”. La medida de la Afip estipula que quienes no cumplan con esta norma, recibirán multas desde los 300 a los 30 mil pesos, e inhabilitaciones de 3 a 10 días.
