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Del análisis de esa denuncia y de las investigaciones posteriores se logró visibilizar que en el hecho estaban implicados varios delitos. Los domicilios allanados fueron seis pensiones, dos domicilios particulares y un estudio jurídico.
De los mismos se secuestró una importante suma de dinero en efectivo, documentación y material informático importantes para la causa. Las condiciones de seguridad y salubridad de las pensiones eran precarias y en las mismas habitaban una considerable cantidad de personas, algunas de las cuales se encontraban en condiciones de hacinamiento.
En los operativos llevados adelante en las pensiones participó, además, personal de la EPE ya que las conexiones de luz de las mismas eran ilegales, por lo que procedieron a cortar el suministro eléctrico y retirar los medidores. Por otro lado, además de las irregularidades en las pensiones, se están investigando otros delitos que comprenden lavado de dinero por venta de cereal en negro, entre otros.
Con respecto a esto el fiscal Dr. Edery manifestó que “se supone que hay un lavado de activos de aproximadamente 70 millones de pesos”. En lo que respecta a las propiedades, el fiscal declaró que “las mismas se encontraban a nombre de empresas constituidas en Uruguay y habrían sido adquiridas por usurpaciones u operaciones irregulares con los anteriores propietarios”.
Además, entre los automóviles secuestrados también se encuentran algunos con patente del vecino país. Si bien aún no hay detenidos por esta causa, se demoró a tres personas que moraban en una de las pensiones ya que las mismas presentaban pedido de captura activo.
