La disposición argumenta que “la institución enfrenta una falta en los recursos materiales como el armamento de puño de propiedad institucional, por lo que resulta dificultosa la provisión al personal, a fin de realizar los correspondientes actos de servicio”.
Según publica el diario Ámbito Financiero, que accedió al documento, el articulado se limita a derivar a áreas internas de la fuerza la habilitación de un sistema de registro, control y seguimiento de las armas particulares, así como de una base de datos.
Según la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, la norma es “muy errada e injustificada” ya que "la mayor cantidad de muertes de policías y miembros de las fuerzas se produce cuando están fuera de servicio pero van armados e intentan repeler un asalto".