La declaración del CRC llegó como respuesta a la denuncia presentada por diversas organizaciones defensoras de la infancia y de los derechos humanos en el Congreso y luego elevada a ese organismo por el “brutal despliegue de represión estatal” implementado por el gobierno de Cambiemos.
Luego de haber leído los informes y de escuchar las exposiciones sobre el caso Ferreira, los integrantes del Comité “encuadraron el hecho como un caso de gatillo fácil” y “consultaron además si la Doctrina Chocobar es la forma de relacionarse de nuestro país con los niños y las niñas”, reveló al diario Página/12 Florencia Vallino, miembro del equipo de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes) que patrocina a la familia Ferreira.
Según la abogada, el CRC señaló también “la necesidad de una investigación rápida, efectiva e imparcial”. Para que esto se cumpla, afirmó Vallino, “es necesario avanzar en la citación a declarar como imputados de los policías responsables (Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres), ya que si bien existen pruebas pendientes de producción ninguna de ellas cambiaría la responsabilidad penal de los agentes.”