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Y agregó que “el sistema de salud termina subsidiando en su conjunto los costos exorbitantes de las prácticas o medicamentos obtenidos por esta vía”.
En la presentación se tienen en cuenta como bienes de valoración pecuniaria a pagos en efectivo, pagos de honorarios profesionales, así como también los fondos destinados a formación profesional, gastos de viajes, pasajes, regalos, hospedajes o cualquier otro bien susceptible de valoración económica que sean realizados desde los laboratorios hacia los médicos.
Otro de los puntos principales de la propuesta es que el recetario médico no deberá incluir ningún tipo de indicación predeterminada que pueda inducir al médico y/o al paciente al uso de determinadas marcas de medicamentos o equipos biotecnológicos médicos.
En ese sentido, señaló que “no hay medicamentos genéricos que tengan análisis de que tengan mismo efecto al mismo tiempo. La ley implica que podés elegir a qué valor, o qué medicamento y qué marca comercial querés comprar. También hay falta de transparencia, hay incentivos que se le dan a los médicos para que sugieran una marca comercial”, apuntó la legisladora nacional.
“Los pacientes tienen el derecho a conocer si el médico prescriptor obra por voluntad propia, o posee algún interés o ventaja en recetar o prescribir algún medicamento o práctica médica en particular”, sostuvo la dirigente de Cambiemos y añadió que “a fin de arrojar luz sobre posibles conflictos de intereses entre los médicos y las empresas farmacéuticas y de insumos médicos, resulta necesario adoptar una legislación que obligue a dichas empresas a informar y hacer públicos, los incentivos realizan sobre los médicos a fin de promover sus productos”. Estas prácticas de interés y de resarcimiento fueron denunciadas en el país y en el mundo.
En 2012, Ocaña denunció ante la Justicia Penal argentina a la firma norteamericana BIOMET, quien, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Comisión de Valores de dicho país, (SEC, por sus siglas en inglés) habría pagado sobornos a funcionarios y médicos de diversos países, entre ellos Argentina, para la colocación de prótesis traumatológicas.
La empresa mencionada, ha sido multada en 23 millones de dólares por las autoridades norteamericanas. De esta manera la legisladora nacional denunció la existencia de sobornos a funcionarios de la Aduana para ingresar al país prótesis médicas subvaluadas que luego indicarían médicos y obras sociales a cambio de un soborno de entre el 15 y el 20 por ciento del producto.
