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Se le imputan los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.
El legislador se presentó este jueves ante la justicia bonaerense en el marco de una causa iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la cual se investigan irregularidades en la construcción de la Unidades de Pronta Atención (UPA) en distintos puntos de la provincia, para las que la gestión de Scioli destinó en su momento más de 117 millones de pesos.
Las obras estuvieron a cargo de la compañía Miller Building, propiedad del empresario Ricardo Miller, de quien se señala que tenía una “relación personal y comercial” con el exmandatario provincial, ya que la empresa en simultáneo le alquilaba un inmueble dentro del predio de Villa La Ñata, de Scioli.
La compañía luego compró esa propiedad. En el escrito, el diputado dijo que durante su gobierno las contrataciones “se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia) y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”.
Además, resaltó que “no es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado” y aseguró: “Es totalmente falsa mi supuesta relación especial con uno de los proveedores.
Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso”. “Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona”, señaló Scioli, que también negó que hubiera usado el helicóptero del empresario.
“La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial”, continuó. Y agregó que “con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación”.
“Jamás he influido indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno, como se me ha imputado”, insistió y, por último, expresó que su “deber” como “hombre de la democracia” es “responder a las acusaciones que los denunciantes, si existiera buena fe, tienen la libertad de realizar. Es mi voluntad, como lo hice desde el primer momento, despejar todas las dudas que existieran”.
