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En este sentido, el edil consideró que todavía se está a tiempo de avanzar en la estatización y explicó que el estado municipal tiene a su cargo la prestación del servicio para más de la mitad de los usuarios cotidianos: “Voté en contra de la licitación del nuevo transporte porque era claro que no se iba a poder implementar. Lamentablemente tuve razón. El actual sistema se cae en agosto y los nuevos prestadores no aparecen”.
También agregó que según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, el transporte público y la movilidad urbana es un derecho que debe ser garantizado por el estado a través de un sistema accesible, “a precio razonable y adecuado a las necesidades ambientales y sociales”.
