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El 5 de diciembre pasado el juez federal Claudio Bonadio le solicitó al Congreso que la ex mandataria fuera desforada para poder ser investigada y arrestada en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, investigación que había iniciado el fiscal Alberto Nisman.
Bonadio, enemigo declarado del kirchnerismo, considera a la líder del Frente para la Victoria artífice de un plan para fabricar la inocencia de los ciudadanos iraníes acusados de haber perpetrado el atentado a la AMIA, mediante el Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013.
Según la ley de Fueros, los pedidos de desafuero deben ser girados a la comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo de dos meses para analizarlos y emitir dictámenes, mientras que para un pronunciamiento en el recinto ese plazo es de seis meses, con o sin dictamen. Ese plazo vence dentro de cuatro días, de modo que la expresidenta peronista está a las puertas de anotarse una victoria política.
