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En el marco de una fuerte controversia, con más de 3 causas penales contra Cambiemos por los "aportantes truchos" y denunciada ella misma por "contratos irregulares" al frente de la OA, Alonso decidió brindar una entrevista. "En la ley que enviará el Presidente al Congreso en el segundo semestre está previsto que se la dote de autonomía funcional y de un mecanismo de selección y remoción para su titular con intervención del Parlamento", afirmó Alonso al referirse a la autonomía del ente que encabeza.
"Se prevé la creación de autoridades de aplicación de la ley de ética pública en el Congreso, la Corte, la Procuración", agregó la titular de la OA, aunque ante la consulta de La Nación sobre las limitaciones que tiene, destacó: "Es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo que cuando detecta un caso de corrupción, lo denuncia. Para controlar al Presidente están el Congreso y el Poder Judicial!.
Sin embargo, a pesar de que existe un gran número de denuncias contra los actuales funcionarios, Alonso desterró las comparaciones y afirmó: "Son peras y manzanas, es incomparable. El conflicto de intereses es una situación vinculada a la ley de ética pública que no conlleva un delito. Un conflicto de intereses bien administrado no genera una negociación incompatible".
"Si el conflicto está administrado y separados los asuntos, y el funcionario hace lo que se le instruye que haga, no tiene por qué sufrir ninguna consecuencia penal. Si el conflicto de intereses no está resuelto o es ocultado por el funcionario, es cuando se resuelve en tribunales", explicó la titular de la OA y ante la consulta si esta práctica se utiliza en el blanqueo, aseveró: "En el marco del sinceramiento fiscal muchos ciudadanos comenzaron a pagar impuestos sobe esos activos, como debe ser"
